viernes, 26 de junio de 2009

Contaminación de los recursos Hídricos

Mendoza

Contaminación de los recursos hídricos




Para poder tipificar la naturaleza de los conflictos asociados a los recursos hídricos y el ambiente, es importante establecer claramente la diferencia entre impacto ambiental y conflicto.
Un impacto ambiental necesita alguien o algo que lo produzca (por ejemplo, efluente industrial), un medio por el cual éste se transmita (agua) y un receptor que resulte afectado.



Salinización del Agua Subterránea (Desertificación del Oasis Productivo)

El Departamento General de Irrigación (DGI) cuenta, desde 1974, con una ley que le da el poder total para manejar eficiente y sustentablemente el agua subterránea y dispone de uno de los sistemas de información más completos del país y una importante masa de especialistas en el tema. Sin embargo, el DGI nunca ha asumido la misión del manejo del agua subterránea. La necesidad de aumentar el área regada y de complementar las dotaciones de agua superficial en épocas de sequía, ha llevado a que los productores inviertan enpozos para extraer agua subterránea sin un adecuado seguimiento por parte del DGI.

Esto ha sucedido de manera indiscriminada, tratando tal recursocomo si fuese un bien privado. En consecuencia, se han dado situaciones claras de sobreexplotación que se ha manifestado de distintas maneras.
La respuesta del DGI ante estos problemas ha sido establecer vedas o prohibiciones en las implantaciones de nuevas perforaciones, lo que se ha llevado a cabo en tres áreas de la cuenca norte, a saber:
a) en el este mendocino, donde el proceso de sobre explotación está produciendo la salinización ya irreversible de los distintos niveles de agua utilizable;
b) la margen derecha del Río Mendoza, sujeta a un secular proceso de sobreexplotación que redunda en el descenso del nivel freático y que hoy ha sido revertida por efectos del dique de Potrerillos (a lo que el DGI todavía no reacciona), y
c) en los pequeños acuíferos del piedemonte, que sustentan la presionada urbanización hacia el oeste. Estas acciones no alcanzan y mucho menos para el caso del este mendocino, donde hay miles de hectáreas destinadas a desaparecer totalmente en los próximos 40 años, conjuntamente con las fuentes de abastecimiento de agua potable.

Conflictos entre la Actividad Petrolera y el Riego

Existen dos áreas de claro conflicto entre estos sectores, que son:
a) la destilería de Repsol YPF, al margen del Río Mendoza cercano al dique Cipolletti, donde si bien hace un uso no consuntivo del agua en su proceso productivo, presenta el riesgo de contaminar el agua subterránea, ya que se encuentra sobre la principal área de recarga del río y b) la contaminación petrolera en el área de extracción del crudo, que ocurre en la extensa cuenca de la margen derecha del Río Mendoza, en zonas cercanas a Ugarteche, donde existen evidencias de que el agua subterránea ha sido contaminada en varios puntos por las descargas de las aguas fósiles, muchas de ellas provenientes de “lagunas de desecación”, en realidad lagunas de percolación de aguas salinas. Para complicar las cosas, en esta cuenca se da también el proceso de salinización por la utilización del agua subterránea con fines de riego, que tiene una incidencia particular en los bordes este y sur del acuífero. Esto ha llevado a un permanente conflicto entre las partes, regante y petrolera, donde están involucrados múltiples organismos, a saber: el DGI, la Empresa, la Dirección de Control Ambiental, la Inspección de Cauce de la zona, organismos de ciencia y técnica como el INA (Instituto Nacional de Agua), legisladores de las Comisiones de Recursos Hídricos y Medio Ambiente, etc. El conflicto, lejos de resolverse se está desenvolviendo en un marco de desacuerdos y mutuas agresiones, siguiendo así lo contraindicado para la resolución de este tipo de problemas, para lo cual se necesita una mesa de conciliación y acuerdos acerca de métodos y procedimientos para identificar los daños, y buscar las medidas de mitigación y eventual compensación por los costos ocurridos.

Regulación del Agua Potable y Saneamiento

La regulación, desde su ley de creación, incorpora múltiples disfuncionalidades. En primer lugar, le asigna al EPAS (Ente Provincial del Agua y de Saneamiento) el rol de controlar la calidad del agua en todo el ámbito de la Provincia, desconociendo el rol de otros organismos, tales como el DGI, lo que generó un claro conflicto entre ambas instituciones, resuelto por la vía de los hechos a favor de Irrigación, quien tuvo más fortaleza para trabajar en el sector. Esta ley, al segmentar el control de la contaminación entre el DGI, el EPAS y las municipalidades, diluye las responsabilidades en favor de la inacción. Además, le otorga al ente regulador el desarrollo de obras en agua y saneamiento en comunidades fuera del área concesionada a la O.S.M. S.A. (Obras Sanitarias Mendoza), convirtiéndola en juez y parte. Lo más grave con el paso del tiempo, es que el EPAS ha sufrido de todas las disfuncionalidades mencionadas en la bibliografía especializada, cuestión que lo ha llevado a las condiciones actuales, en las que se encuentra capturada por el concesionario (Gobierno) y la empresa (O.S.M. S.A.). Contrasta con la primera etapa del caso del EPRE (Ente Regulador de Energía Eléctrica), que nació y se inició con gran solvencia y solidez pero en una desgraciada acción a principios del 2000, con la finalidad de constituir al Ente en un coto político de caza, el Gobierno desacreditó pública e injustamente a excelentes funcionarios, desmoronando el importante capital social que se estaba construyendo.

Este es el tipo de conflictos entre intereses públicos y políticos El embalse El Carrizal viene receptando desde hace más de medio siglo toda la contaminación provocada en la SubCuenca Ugarteche por la actividad petrolera sectoriales más destructivo para el necesario desarrollo institucional del país.

Otros casos:

Existe un sinnúmero de conflictos relevantes que ameritan ser presentados pero que la extensión de este documento lo impide. Se pueden mencionar algunos, como los conflictos sobre el manejo y financiamiento de impactos ambientales asociados al agua en los departamentos que padecen impactos ambientales del conurbano mendocino; conflictos entre la actividad petrolera y el uso ambiental del agua; la Ley 25.688 que establece los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional que entra en conflicto con el manejo provincial del recurso; las eventuales acciones de Cancillería, que asume compromisos internacionales que pueden afectar los intereses hídricos de la Provincia; etc. Como recomendación final es importante manifestar que siempre es necesario avanzar con técnicas que permitan el empoderamiento de la parte más débil en los conflictos, dado que éstas presentan una menor capacidad de presencia, presión, organización o poder que le permita llegar a una resolución equitativa. Esto es particularmente cierto con el caso de los bienes públicos o comunes, que no siempre son bien representados por el Estado por ignorancia, inacción o connivencia con el poder económico.

Contaminación Atmosférica en Mendoza

Contaminación Atmosférica en Mendoza.

La ciudad de Mendoza, al igual que otros centros urbanos enfrenta serios problemas de contaminación del aire. De los efectos producidos por la contaminación del aire, el de mayor preocupación es sin duda el de la salud y bienestar de los residentes urbanos. Las concentraciones de contaminantes en la mayoría de las ciudades son suficientemente altas como para causar un incremente en la mortalidad, morbilidad, déficit en las funciones pulmonares y cardiovasculares y efectos sobre el comportamiento neuronal.

Los contaminantes aéreos más preocupantes en Mendoza, son las partículas en suspensión totales, los óxidos del nitrógeno, el monóxido de carbono y el plomo. El origen de la contaminación está liga
do a las fuentes de emisión. Las más importantes son el transporte, la producción de energía eléctrica, el consumo de combustibles industriales y hogareños, los procesos industriales y la incineración de residuos y quema de hojas.

Las autoridades municipales de la ciudad de Mendoza procuran implementar urgentes soluciones para poner freno a la creciente contaminación ambiental. Ya que en algunas esquinas céntricas se registran índices de smog similares a los que padece Santiago, Chile, una de las urbes más polucionadas del mundo. Pero el caso de la capital mendocina es más preocupante, porque el número de su población es superado seis veces por el de la ciudad trasandina y registra menor actividad económica.

Posibles Medidas:

® Diseño de un plan integral del transporte urbano público y privado

El simple reemplazo de micros viejos por nuevos sólo puede considerarse un paliativo para aliviar el problema.
Esto es así porque el transporte público de pasajeros debe considerarse como una parte integrante de un sistema que debe ser integral, de modo que contemple el conjunto de las actividades humanas y mejore la calidad de vida de las personas que viven y/o desarrollan sus actividades en el conglomerado urbano del Gran Mendoza. Deben tener un servicio eficiente que satisfaga las necesidades de movilidad y fácil acceso en cada uno de los requerimientos de la vida cotidiana (actividades socioculturales, económicas, educacionales, recreativas, de salud, etc.) y que al mismo tiempo contemple la minimización de los niveles de contaminación. El sistema debe ser tal que desincentive, por diferentes mecanismos, el uso de los vehículos particulares para entrar al conglomerado urbano y utilice el transporte público. Esto requiere la coordinación de diferentes medios, de modo que exista un sistema troncal que acerque a las personas a la periferia y luego coordine el viaje con otros medios, si es posible con vehículos menos contaminantes (por ejemplo de energía eléctrica). Para esto es necesario plantear un modelo o plan integral que logre los objetivos paulatinamente en un plazo determinado pero con el desarrollo de etapas sucesivas para realizar las inversiones necesarias de infraestructura vial y de servicios, en parque móvil público y privado y otras inversiones del sector (sistema de recaudación, gestión ambiental, etc), hasta llegar a su total maduración. En realidad el sistema de transporte debe estar al servicio de las personas y no a la inversa, como ocurre actualmente en el área que se está estudiando. Mientras no se tome conciencia de la necesidad de lograr un sistema integral a largo plazo comenzando desde ahora, lo que se está haciendo es salir al paso de los problemas con soluciones parciales que no tienen como objetivo resolver el problema de fondo.

® Determinación y aplicación de normas estrictas de niveles máximos de emisión de gases contaminantes


Independientemente del sistema integral de transporte que exista o se implemente en una determinada área urbana, una alternativa es establecer normas estrictas de niveles máximos de tolerancia en las emisiones de gases contaminantes, de modo que cualquiera sea la elección del tipo de vehículo que se adopte para prestar el servicio público y el funcionamiento del transporte privado, deben hacerse cumplir dichas normas indefectiblemente. Pero esto requiere de un organismo de control que haga cumplir estrictamente los niveles máximos de emisión permitidos por las disposiciones legales.




® Establecimiento de canon para circular por el área urbana

Mientras se siga utilizando los hidrocarburos para la combustión de los motores (nafta, gasoil, GNC), la atmósfera seguirá expuesta a la contaminación en mayor o menor grado con distintos contaminantes según los vehículos que se utilicen. Todos tienen ventajas y desventajas con respecto a alguno de los distintos contaminantes mencionados. El uso del GNC asegura la eliminación de las partículas en suspensión (hollín) y los gases derivados del azufre pero aumenta la emisión de monóxido de carbono. Además, se desconocen los efectos de los otros contaminantes derivados de la combustión a altas temperaturas. De modo que, otra alternativa viable para reducir la contaminación es el establecimiento de un canon para poder circular con el vehículo por el área de mayor concentración urbana. Por ejemplo, en Londres se cobra cinco libras para entrar a la ciudad con el vehículo. El monto de ese canon debe ser tal que reduzca el interés de las personas en usar su vehículo dentro del conglomerado urbano con más densidad de población, e incentive el uso del transporte público. Pero éste debe responder con una alta calidad de servicio a las necesidades de la mayoría para que sea demandado por quienes disponen de la comodidad de un vehículo.



Fuentes:
Mendoza Ambiental – Ministerio del medio ambiente urbanismo y vivienda. Mendoza 1995.
http://www.aaep.org.ar/espa/anales/works05/tomassetti.pdf